Enciclopedia de la Primera Enmienda

Byron Raymond White, juez del Tribunal Supremo desde 1962 hasta 1993. White no era conocido como un amigo de los derechos de la Primera Enmienda, o de los derechos individuales en algunos casos. Decidió muchos casos, como el de Zurcher contra Stanford Daily (1978), equilibrando los intereses contrapuestos del gobierno y de los individuos. (AP Photo/William J. Smith, utilizado con permiso de Associated Press)

Byron Raymond White (1917-2002) fue juez asociado del Tribunal Supremo durante más de 30 años, de 1962 a 1993.

White tuvo una carrera muy variada

Byron White se licenció y fue jugador de fútbol americano en la Universidad de Colorado; luego ganó una beca Rhodes en Oxford, jugó al fútbol profesional y sirvió como oficial de inteligencia en la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de la guerra, White completó sus estudios jurídicos en la Universidad de Yale y luego fue secretario del presidente del Tribunal Supremo, Frederick M. Vinson. Después de su trabajo como secretario, empezó a ejercer la abogacía en Denver. Durante la campaña de Kennedy para la Casa Blanca, White dirigió el Comité de Colorado para Kennedy y se le pidió que sirviera como fiscal general adjunto bajo el mando de Robert Kennedy en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Después de dos años en el Departamento de Justicia, el presidente John F. Kennedy nominó a White para el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

White fue una decepción para algunos debido a sus puntos de vista sobre los derechos individuales

Al incorporarse al Tribunal, White confundió a muchos observadores porque su jurisprudencia parecía carecer de una filosofía integral, centrándose más en los detalles de cada caso y menos en la construcción de una teoría clara y coherente (Abraham 1999).

Para muchos liberales que esperaban que un designado por Kennedy se uniera a la revolución de los derechos del Tribunal de Warren, White fue una gran decepción en lo que respecta a sus puntos de vista sobre ciertos derechos de las minorías o de los individuos – véanse los disensos de White en Miranda v. Arizona (1966), sobre los derechos de los acusados de delitos, y Roe v. Wade (1973), sobre el aborto, y su opinión mayoritaria en Bowers v. Hardwick (1986), que confirmó una ley estatal contra la sodomía.

El juez del Tribunal Supremo Byron White no era conocido como amigo de los derechos de la Primera Enmienda. Por ejemplo, se negó a conceder protección constitucional a los periodistas que reclamaban el privilegio de no divulgar sus fuentes a un gran jurado. White, que jugó al fútbol en la Universidad de Colorado y profesionalmente, posa en esta foto de 1937. (Foto de AP, utilizada con permiso de Associated Press.)

White no es amigo de la Primera Enmienda

En cuanto a la Primera Enmienda, White no era un favorito de la prensa.

Por ejemplo, en 1969 White escribió la opinión mayoritaria en el caso Red Lion Broadcasting Co. v. Federal Communications Commission (FCC), que defendió la constitucionalidad de la doctrina de equidad de la FCC que exigía a las emisoras ofrecer tiempo para responder a quienes habían sido atacados o criticados en antena.

La opinión de White subrayaba que las ondas eran un bien público que el gobierno podía regular, incluso si eso significaba que se restringían las actividades de la prensa audiovisual.

En el caso Branzburg contra Hayes (1972), White se negó a conceder protección constitucional a los periodistas que alegaban que debían tener el privilegio de no divulgar sus fuentes a un gran jurado. White no estaba convencido de que la ausencia de dicho privilegio de los periodistas obstaculizaría las operaciones de la prensa y, por lo tanto, consideraba que no se justificaba la invención de otro derecho constitucional.

Enfureció aún más a la prensa en 1978 con su opinión mayoritaria en el caso Zurcher v. Stanford Daily. En el caso Zurcher, White sostuvo que la libertad de prensa no prohibía al gobierno realizar registros en las salas de redacción mediante órdenes judiciales específicas.

Al igual que en fallos anteriores, White declaró que la labor de los tribunales consistía en equilibrar los intereses en conflicto, incluso si eso significaba que a veces se restringían los derechos recogidos en la Constitución.

Al año siguiente, la opinión de White para el Tribunal en el caso Herbert v. Lando (1979) sostuvo que la Primera Enmienda no prohibía una solicitud de presentación de pruebas de grabaciones y otro material no publicado en una demanda por difamación.

Un enfoque equilibrado de los derechos

El enfoque equilibrado de White con respecto a los derechos que se encuentran en la Primera Enmienda también puede verse en sus votos y escritos sobre los derechos de expresión política de los trabajadores del gobierno.

Por ejemplo, en United States Civil Service Commission v. National Association of Letter Carriers (1973), la opinión mayoritaria de White defendió la constitucionalidad de la Ley Hatch, que prohíbe a los funcionarios del gobierno obligar a los empleados a participar en actividades políticas en nombre de sus superiores, pero que también restringe las actividades de expresión política de los empleados del gobierno.

Asimismo, en Connick v. Myers (1983), el Tribunal falló en contra del trabajador gubernamental, y la opinión mayoritaria de White enfatizó que al revisar si el gobierno podía restringir los derechos de expresión política de sus trabajadores, el Tribunal tenía que equilibrar los derechos de los empleados públicos a comentar asuntos de interés público frente a los intereses del gobierno de tener una prestación eficiente de servicios, según Pickering v. Board of Education (1968).

También escribió la opinión para el Tribunal en Hazelwood School District v. Kuhlmeier (1988), que limitó los derechos de la Primera Enmienda de los estudiantes públicos para el discurso patrocinado por la escuela.

Este artículo fue publicado originalmente en 2009. El Dr. John M. Aughenbaugh es profesor asistente en el Departamento de Ciencias Políticas de la Virginia Commonwealth University. Sus intereses docentes y de investigación se centran en general en el derecho público estadounidense (Derecho Constitucional y Derecho Administrativo), la política judicial y la administración de políticas públicas.

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