Escrito en 25 Mayo 2020. Publicado en México
En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 25.7 millones de personas, es decir el 21.5% de la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes (10.1% de la población) señalaron vivir en hogares indígenas. También, el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas.1
Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 69.5% de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema.2 Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación.3
México firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990, y en 1992 el país se reconoció como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución.
El 1 de enero del 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplió 25 años del inicio de su levantamiento. Manifestó su oposición a los proyectos de infraestructura que la administración federal tiene programados, tal como el Tren Maya o el Corredor Transístmico.4
Mujeres indígenas en la migración: del espacio doméstico al mercado laboral
En el proceso de movilidad actual es cada vez más notoria la presencia de mujeres indígenas, quienes junto con el resto de los migrantes, se dirigen de las zonas más marginadas, ubicadas en su mayoría al sureste y centro del país, a las de mayor desarrollo económico, entre ellas algunas ciudades, áreas de desarrollo agrocomercial, zonas turísticas de diferentes lugares del país, fronteras norte y sur, e incluso en el ámbito internacional, particularmente en Estados Unidos y Canadá. El Censo de Población y Vivienda del 2010 registró que de 174.770 hablantes de lengua indígena, migrantes estatales, 82.416 son mujeres, es decir el 47% respecto al total. Mientras que de los migrantes internacionales (37.117) las mujeres suman 6.858 personas, lo que representa el 18% del total. Estas son cifras aproximadas si consideramos la subenumeración de la población indígena debido a la negación de la etnicidad y en algunos casos la pérdida de la lengua materna, criterio utilizado por el INEGI para identificar a la población indígena. Lo anterior se asocia a la discriminación hacia los pueblos indígenas como lo documentan estudios sobre el tema: «En los lugares de destino existe la fuerte tendencia a discriminar a los migrantes indígenas», situación que viven las mujeres quienes son particularmente vulnerables a la discriminación, debido a su triple condición: migrantes, mujeres e indígenas.
Según el INEGI, 20 estados del país registraron los mayores flujos migratorios de mujeres indígenas migrantes estatales. Esta tendencia puede variar también según el grupo étnico. Por ejemplo, en 2006 se registró un incremento en la migración de mujeres y familias completas que se desplazaron fuera del estado o del país, aunque señala que la migración de la población masculina es mayor. La presencia de mujeres indígenas en la migración tampoco es registrada en los datos por estado porque las subenumeran. Incluso el INEGI no las cuantifica por grupo étnico y con ello limita aún más la medición del fenómeno. Por lo mismo es necesario considerar información cualitativa incluso de años anteriores para reconstruir la historia de la migración. Según etnografías realizadas en las zonas indígenas del país, por diversos investigadores, las mujeres que participan en la migración son Mazahuas, Mixtecas, Pimas, Tepehuas, Pames, Otomíes, Nahuas, Amuzgas de Guerrero, Popolocas, Tojolabales, Zapotecas, Triquis, Yaquis y Coras, fenómeno que no se había visibilizado como una tendencia general de la población indígena aun cuando fue registrado en estos estudios.
Las causas de la migración indígena son múltiples. Aún con ello, los factores estructurales son las principales causas que explican la continuidad del fenómeno. Además, las mujeres indígenas presentan los índices más altos de analfabetismo, de deserción escolar, falta de oportunidades de empleo, violencia intrafamiliar, problemas de salud y riesgo durante el embarazo, altos niveles de fecundidad y mortalidad, entre otros factores. El servicio doméstico, el comercio informal, el trabajo en restaurantes y la maquila, o incluso la mendicidad,5 son algunas opciones para que las mujeres indígenas obtengan ingresos en las ciudades. El trabajo en las zonas agrícolas es otra opción a la que recurren.
Megaproyectos, consulta, pueblos indígenas y afromexicanos
México se reconoce como un país pluridiverso, con grandes contrastes sobre todo en materia económica. El Gobierno Federal ha aplicado una estrategia de combate a la corrupción, que inició con la transformación de los programas de atención a la población en situación de carencia social según lo registrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; tal como las aportaciones económicas que se reparten de forma personalizada, las cuales no consideran la perspectiva cultural ni la cosmovisión de los pueblos indígenas, ignoran su organización y sus prácticas solidarias derivadas de sus sistemas normativos internos, por lo que minan su estructura comunitaria y debilitan su tejido social.
La visión de desarrollo nacional también ha sido impuesta en los territorios indígenas a través de los grandes proyectos de infraestructura, sin considerar su participación, necesidades y aspiraciones, lo que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos como entidades colectivas y su territorio, conforme lo señaló el representante de la Organización de las Naciones Unidas.6 Por ejemplo, el Tren Maya es considerado el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turístico de la actual administración federal. Abarca un recorrido de 1.525 kilómetros en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con 15 estaciones y una inversión aproximada de entre 120 a 150 mil millones de pesos mexicanos.7 Sin embargo, algunas comunidades indígenas han reaccionado contra lo que consideran una imposición a través de la presentación de demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Es el caso de Xpujil, Calakmul, en Campeche, que obtuvo la suspensión provisional del proyecto porque no conocen los estudios técnicos ni la Manifestación de Impacto Ambiental, además de señalar que la consulta fue simulada y fraudulenta, sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la mayor oposición a los megaproyectos está representa por el EZLN, cuyos miembros manifestaron su disposición a morir como guardianes de la tierra, antes de permitirlos.8
Con los procedimientos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es difícil cuidar la afectación ambiental debido a que deja la responsabilidad a las comunidades para solicitar las consultas cuando exista una Manifestación de Impacto Ambiental, y no antes de que se diseñe el proyecto.9 El derecho a la consulta de los pueblos indígenas se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, la cual debe ser previa, libre e informada; además de formar parte de su derecho a la autonomía, libre determinación y desarrollo. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha convertido este derecho en un mero trámite administrativo, pues restringe el contenido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al determinar que es necesario que exista un impacto significativo10 para que se realice una consulta; y determina que ésta será considerada previa si se realiza antes de la ejecución del proyecto.11
En este contexto, fue reformada la Constitución Federal para incluir a los pueblos y comunidades afromexicanas en el Apartado C del artículo 2 de la Constitución, sin señalar expresamente sus derechos. Esto hace obligatoria su inclusión en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, que por primera ocasión contiene la pregunta: «¿usted en razón de sus antepasados, tradiciones, costumbres se considera afromexicano, negro o afrodescendiente?».12
Si bien este año el Senado ratificó dos instrumentos internacionales: la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia; y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia; los pueblos indígenas y los afromexicanos han sido reconocidos exclusivamente como sujetos culturales, y no como personas jurídicas de derecho público dentro del sistema legal, lo que les impide contar con personalidad jurídica para defender sus derechos colectivos y su patrimonio.
Asesinatos de activistas indígenas defensores de derechos y el medio ambiente
De acuerdo con diversas organizaciones internacionales como Global Witness y Amnistía Internacional, México se mantuvo en 2019 como uno de los países más peligrosos para los activistas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos, quienes experimentan hostigamiento, amenazas, represión y ataques mortales. En 2019, al menos 14 activistas y defensores del medio ambiente, pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron asesinados, algunos de los cuales ya habían presentado denuncias por recibir amenazas. Los crímenes fueron cometidos principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, a raíz de conflictos territoriales, oposición y resistencia en contra de megaproyectos de infraestructura, extractivistas y de producción de energía.
Uno de los casos más representativos de la violencia e impunidad a la que se enfrentan los pueblos indígenas, es el asesinato del activista campesino, comunicador y profesor Nahua Samir Flores Soberanes, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, opositor al Plan Integral Morelos y a las dos Termoeléctricas de Huexca, al gasoducto y al acueducto del río Apatlaco. En la madrugada del 20 de febrero del 2019 fue abatido mientras salía de su domicilio, en Amilcingo, Morelos, rumbo a la estación de radio comunitaria Amiltzinko, fundada por él en 2013.13 El caso cobró aún más relevancia pues tan sólo dos días después se realizó la consulta pública para la entrada en operación de la planta termoeléctrica, en la cual según cifras oficiales el 59.5 % de la población votó a favor del proyecto, con una participaron de 55.715 ciudadanos.
25 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
El 1 de enero del 2019, se cumplieron 25 años del levantamiento del EZLN, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quienes continúan en franca oposición al Estado Mexicano ya que, a pesar del cuarto de siglo transcurrido desde que declararon la guerra, sus demandas no han sido resueltas. En el marco de este aniversario, el subcomandante Moisés, vocero del EZLN, manifestó su inconformidad con los proyectos económicos y de infraestructura del actual gobierno federal.
En un ambiente de constante pugna entre el Ejecutivo Federal y el EZLN, diversas fueron las actividades realizadas a lo largo del año. Por motivos de espacio, aquí únicamente registramos dos. El 21 y 22 de diciembre de 2019, en San Cristóbal de las Casas, el EZLN llevó a cabo, junto con el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno, el Foro en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, en la cual estuvieron presentes 921 asistentes y delegados de 25 estados de la república mexicana y de 24 países. La discusión principal giró en torno a los diversos megaproyectos, tales como la extracción de hidrocarburos y construcción de gasoductos, plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, proyectos de minería, agroindustria y turísticos, que afectan a las comunidades indígenas a través del despojo y la contaminación de sus territorios. Al concluir el foro, se acordó realizar las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra «Samir Somos Todxs» en febrero de 2020. Después, del 27 al 29 de diciembre, el EZLN llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, con el propósito de reflexionar, visibilizar y denunciar la violencia contra las mujeres; así como, desarrollar estrategias que permitan poner un alto a la violencia. El encuentro tuvo lugar en el denominado Semillero «Huellas del Caminar de la Comandanta Ramona del Caracol Tzots Choj» («tornebillo» en maya) y contó con la participaron más de 4.000 mujeres de 49 países. Durante los tres días, se llevaron a cabo actividades que permitieron a las mujeres compartir sus experiencias y establecer vínculos de apoyo para combatir la violencia de género pues una de sus funciones principarles es crear redes de apoyo y encuentro entre defensoras del territorio de otros.14 Invitamos a los lectores a revisar el sitio de la Radio Zapatista para conocer más acerca del desarrollo de estas actividades: radiozapatista.org
Notas y referencias
- Páez Cárdenas, Juan, 2000, «Indígenas Tijuanenses», en Diario el Mexicano, Tijuana, Baja California, México, 22 de
- «Conversatorio hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y a los modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes», ONU-DH, México, 24 de abril de 2019, disponible en: https://www.hchr.org.mx
- «Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024». SEGOB, México, 12 de julio de 2019, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-n go=5565599&fecha=12/07/2019
José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la (PUIC-UNAM); Juan Mario Pérez Martínez, secretario técnico del PUIC-UNAM; Carolina Sánchez García, Secretaría Académica del PUIC-UNAM; Elia Avendaño Villafuerte, Área de Derechos Pueblos Indígenas y Negros del PUIC-UNAM.